¿Qué importa si los Mapuches no quieren a Chevron?

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Desde que la asociación entre las petroleras YPF y Chevron para la explotación de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta tomó público conocimiento, en la provincia de Neuquén, suelo donde se encuentran la totalidad de los 395 kilómetros cuadrados en concesión, se vive una completa revolución.

Con una legislatura fragmentada y una noticia enteramente nacionalizada, #EnLaVentana consideramos importante ir a las bases y explicar en qué se basa uno de los reclamos menos amplificados hasta ahora: el de los pueblos originarios.

El diputado porteño por el Frente Nueva Izquierda, Alejandro Bodart, presentó en las últimas horas una denuncia contra la presidenta, Cristina Fernández, por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, en torno al acuerdo firmado con Chevron y al decreto 929/2013, (ver “¿Qué dice el decreto Chevron?”) que crea el “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”.

Hace menos de medio mes, en la mañana del 16 de julio, un grupo de integrantes de la comunidad Mapuche neuquina ocupó varios pozos pertenecientes a la actividad petrolífera en el yacimiento Vaca Muerta en protesta del vínculo generado con la multinacional estadounidense e incitando a la legislatura local a rechazar la extensión de la concesión (ver “Lee el acuerdo entre YPF-Chevron y la provincia de Neuquén”) del área en cuestión a la estatal YPF luego de las elecciones legislativas. Para saber más se la historia contaminante de Chevron, ver “Los motivos del embargo contra Chevron, su defensa y los fallos”.

Sin embargo, los ocupantes liberaron sus puestos al día siguiente bajo la promesa de ser recibidos por las autoridades pertinentes y, en última instancia, de ser consultados e integrados a la toma de decisiones en torno a la explotación de los recursos naturales en su territorio.

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Comunidad Mapuche ocupa pozos en Vaca Muerta.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución Nacional argentina y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la aprobación de los pueblos originarios es obligatoria para darle curso a este tipo de proyectos de extracción y explotación de recursos naturales.

Por un lado, la Constitución argentina explicita lo siguiente en su artículo 75, inciso 17:

“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”

La ONU se ha pronunciado sobre este tema en su Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:

Artículo 19: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los los indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.”

La OIT menciona la temática en el artículo sexto de la 169° Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Pueblos Independientes.

Artículo 6:

“1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”

Bandera Mapuche.

Bandera Mapuche.

En conclusión, sin la aprobación de la comunidad Mapuche no podrá aprobarse en la legislatura el decreto que el gobernador, Jorge Sapag, firmó en torno a la extensión de la concesión hasta el año 2048 de las zonas proyectadas dentro del yacimiento Vaca Muerta a la petrolera estatal YPF, en asociación con Chevron. Si esto sucediera, sería inconstitucional. ¿Habrá acuerdo con los Mapuches?

Acerca de Juan Manuel Fontán
Periodista, productor. Mi especializad es la radiofonía. Mi pasión son las historias. Gamer empedernido.

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